España declara la emergencia climática
Revisamos en qué consiste esta medida del nuevo ejecutivo
El pasado 21 de enero el Consejo de Ministros aprobó la Declaración de Emergencia Climática con la intención de que esta medida “inspire todas las políticas públicas”. Pero, ¿en qué consiste exactamente la emergencia climática y qué objetivos persigue?
El primer paso fue muy pequeño; el 28 de abril Escocia declaró la emergencia climática y al día siguiente lo hizo Gales. A partir de ahí un montón de ciudades y regiones fueron sumándose a la iniciativa hasta que, finalmente, el pasado 28 de noviembre el movimiento dio un salto supranacional y Europa se convirtió en el primer continente en reconocer oficialmente la emergencia climática en sede parlamentaria.
Este hito pareció entonces una señal esperanzadora de cara a la cumbre climática que se iba a celebrar en Madrid apenas 15 días después, pero como ahora sabemos, la COP25 terminó en decepción generalizada.
Sin embargo, eso no ha frenado la avalancha de adhesiones individuales. A fecha de publicación de este artículo, ya eran nueve los países que habían declarado la emergencia climática. España ha sido, junto con Irlanda, Canadá y Francia, uno de los pioneros en hacerlo. Lo hizo en sede parlamentaria el 17 de septiembre de 2019 y ahora acaba de hacerlo el gobierno (el 21 de enero).
No es casualidad que en este asunto nos encontremos entre los pioneros, puesto que, de todos los países de nuestro entorno, España es el que está más en riesgo. Nada menos que el 70% de nuestro territorio está en riesgo de desertificación, el litoral Mediterráneo es tremendamente vulnerable al aumento del nivel del mar y, si bien la temperatura media global ha aumentado en 1,1º, en el caso de España ha subido 1,7º.
Medidas concretas
El gobierno pretende que la Declaración de Emergencia Climática no se quede en un mero gesto simbólico y por ello ha trazado una ruta que incluye 30 líneas de acción prioritarias. De esas treinta medidas, el ejecutivo se ha comprometido a implantar 5 en los primeros 100 días de gobierno:
1) Ley de Cambio Climático y Transición Energética. El gobierno se compromete a llevar a las Cortes un proyecto de ley para lograr las emisiones netas cero antes de 2050, un sistema eléctrico completamente renovable, un parque móvil neutro en emisiones y un sistema agrario no contaminante.
2) Descarbonización. Consiste en la definición de la senda de descarbonización a largo plazo, más allá del horizonte de 2030 fijado en la Cumbre de París.
3) Plan Nacional de Adaptación. Será ya el segundo plan nacional de adaptación al cambio climático e incluirá un sistema nacional de observación del clima y el establecimiento de indicadores de impacto.
4) Asamblea Ciudadana del Cambio Climático. Consiste en un mecanismo de participación, inspirado en el ejemplo francés.
5) Transformación Productiva. Pretende impulsar la transformación del modelo industrial y del sector servicios para favorecer la sostenibilidad de las actividades económicas y el empleo de calidad.
Existen, como decimos, otras 25 medidas que engloban prácticamente todos los aspectos desde los que se puede afrontar el reto del cambio climático (educación, industria, energía, salud, movilidad, turismo, vivienda, convergencia del mundo rural…). Y es que, en palabras de Teresa Ribera, vicepresidenta cuarta de Transición Ecológica y Reto Demográfico, la idea es que este asunto “inspire todas las políticas públicas”.
Una nueva fiscalidad
Entre esas políticas públicas, obviamente, estarán por fuerza las económicas. La declaración de emergencia climática incluye el reconocimiento de que va a hacer falta muchísimo dinero para afrontar los retos que tenemos por delante. Concretamente se habla de una inversión superior a los 200.000 millones de euros antes de que termine la década que acaba de echar a andar. Ahora bien ¿de dónde va a salir todo ese dinero?
Es evidente que el reto requiere de nuevos sistemas fiscales, presupuestarios y financieros, pero pocos detalles se han ofrecido de momento a este respecto. Lo que está claro es que va a haber cambios, porque María Jesús Montero, Ministra de hacienda, ha reconocido que la “fiscalidad verde” es un asunto del mayor interés para el gobierno. Eso sí, de momento solo se ha hablado de medidas disuasorias, no necesariamente recaudadoras.
Todos por separado hacia un mismo objetivo
Sea como sea, la declaración de emergencia climática ha nacido con vocación de impregnar la actuación de todos los ministerios, de aunar esfuerzos hacia un mismo objetivo. La declaración alude constantemente a los Acuerdos de París (limitar el aumento de la temperatura a entre 1,5º y 2º respecto al nivel preindustrial) y a otros plazos establecidos en acuerdos internacionales, como la descarbonización completa de la economía para el año 2050. Es como si, aunque los países se han demostrado incapaces de acordar los pasos a seguir para afrontar los retos del futuro, estuvieran dispuestos a darlos cada uno por su cuenta.
